Aunque oficialmente ni Cuba ni Venezuela figuran como países habilitados para usar el servicio de internet satelital Starlink —según el mapa oficial de disponibilidad de SpaceX, ambos aparecen con la etiqueta “coming soon” (próximamente)—, la experiencia de los usuarios en cada nación es radicalmente diferente. Mientras en Venezuela este servicio ya se ha insertado en el mercado informal con relativa fluidez, en Cuba su acceso está cargado de riesgos legales, altos costos y una necesidad aún mayor de conectividad.
En Venezuela, usuarios particulares comercializan activamente diferentes kits de Starlink a través de redes sociales y mensajería directa. Existen versiones compactas como el Kit Mini, con precios desde 220 dólares, hasta modelos de alto rendimiento que pueden costar 420 dólares. Además, los vendedores ofrecen facilidades de pago mediante transferencias bancarias dentro del territorio, Zelle o incluso criptomonedas como USDT a través de Binance.
El acceso al servicio no es solo asequible en comparación con Cuba, sino también popular. Grupos como “Starlink Venezuela” en Facebook cuentan con más de 11,000 miembros, donde los usuarios comparten experiencias, recomendaciones y formas de instalación. A pesar de no estar oficialmente disponible, muchos lo usan con éxito en zonas rurales donde la infraestructura tradicional no llega, según reportes desde el país latinoamericano, los equipos son importados desde Colombia, donde el servicio de Starlink está disponible de forma oficial.
En Cuba, el panorama es muy distinto. El acceso a Starlink está fuertemente penalizado. La Aduana General de la República ha emitido múltiples alertas y confiscaciones de equipos Starlink al entrar al país, considerándolos ilegales. Existen reportes oficiales de decomisos sistemáticos y posibles sanciones penales para quienes posean o distribuyan estos dispositivos. Según denuncias y publicaciones en foros digitales, incluso aquellos que lo usan de forma privada corren el riesgo de ser detenidos o multados.
El grupo ‘Starlink Habana Cuba‘ tiene solo 110 miembros y su escasa actividad sugiere un temor generalizado a que la Seguridad del Estado esté vigilando la plataforma en busca de usuarios.
Los precios en el mercado informal cubano también reflejan estos riesgos. Anuncios en plataformas como Revolico muestran kits Starlink por un poco menos de 2,000 dólares estadounidenses, solo el equipo.
Lo paradójico es que la necesidad de conectividad en Cuba es mucho mayor. El país solo cuenta con un proveedor estatal de internet: ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba), cuyas tarifas —consideradas altas para el ingreso promedio cubano— y limitaciones técnicas han sido objeto de críticas. El conocido “tarifazo” de ETECSA encareció el acceso a internet móvil, y el servicio doméstico Nauta Hogar que apenas alcanza a un porcentaje limitado de hogares. En contraste, Venezuela cuenta con múltiples proveedores de internet, tanto públicos como privados, como CANTV, Inter, NetUno y SimpleTV, lo que ofrece más opciones al consumidor.
En Venezuela, la informalidad ha facilitado su adopción en sectores que lo necesitan, sin una respuesta hostil del gobierno hasta ahora. En Cuba, la necesidad es más urgente, pero el cerco legal y la vigilancia sobre el acceso a tecnologías independientes siguen siendo un muro difícil de escalar.
