El programa televisivo “Hacemos Cuba”, transmitido este miércoles, denunció públicamente una supuesta red de estafas relacionadas con las recargas internacionales de ETECSA. Sin embargo, más allá del discurso oficial, lo que realmente quedó expuesto fue una combinación de vigilancia estatal, evasión del debate sobre los altos precios y el reconocimiento implícito de que la competencia comercial está superando a la empresa estatal.
En el espacio, representantes del Ministerio del Interior (MININT), la Fiscalía General de la República y ETECSA aseguraron que personas fuera de Cuba gestionaban recargas usando plataformas no oficiales y se quedaban con la divisa enviada, mientras intermediarios dentro del país compensaban con recargas nacionales en CUP. Dijeron que esto provocaba pérdidas millonarias y podría constituir delitos como estafa, tráfico ilegal de divisas o incluso sabotaje.
Pero en todo el programa nunca se mostró una sola prueba concreta de estafa. No se presentó evidencia de que el usuario en Cuba no recibiera lo que compró. Al contrario, en muchos casos los beneficiarios sí reciben los megas, minutos y SMS esperados, aunque con diferencias menores en el tipo de bono incluido. Lo que realmente molesta a ETECSA es que estos intermediarios —no afiliados— están usando su mismo modelo de negocio con mejores precios y campañas más efectivas.
Y no es un detalle menor. Mientras ETECSA, a través de sus distribuidores oficiales como ding.com, vende estos combos a precios altísimos, otros proveedores no oficiales ofrecen ofertas casi idénticas por mucho menos:
- Combo 9GB + 75 MIN + 80 SMS: $32.99 USD
- Combo 14GB + 115 MIN + 120 SMS: $43.99 USD
- Combo 20GB + 165 MIN + 160 SMS: más de $50 USD en algunos países
Estas tarifas, ofertadas oficialmente, están fuera del alcance de la mayoría de las familias cubanas y de sus familiares en el exterior, que optan entonces por opciones más asequibles.
Durante el programa, se presentó un esquema donde las recargas “no oficiales” serían una estafa porque el dinero no llegaba a ETECSA. Pero en ningún momento se demostró que el usuario final no haya recibido los datos móviles o el saldo acordado. En cambio, se ofrecieron generalidades, descripciones legales y acusaciones sin documentación directa ni testigos.
Otro punto grave fue la naturalidad con que se admitió el uso de técnicas de “vigilancia electrónica”, que incluyen el rastreo de llamadas, mensajes y movimientos bancarios digitales. Las autoridades reconocieron que estas prácticas están activas, que se aplican con aprobación fiscal, y que pueden usarse para seguir la pista de este tipo de transacciones. Es decir, cualquier ciudadano puede estar siendo monitoreado sin necesidad de una orden judicial independiente.
En el cierre del programa, se intentó posicionar a ETECSA como víctima, recordando que sus ingresos permiten financiar sectores como salud o energía. Pero nunca se abordó con seriedad por qué los cubanos eluden las vías oficiales: porque no pueden pagarlas.
El programa, lejos de ofrecer una investigación transparente y equilibrada, pareció más una advertencia: se persigue y criminaliza a quienes usan alternativas más baratas. Y mientras se amenaza con sanciones severas, no se ofrece ninguna solución al problema de fondo: la desconexión entre el poder adquisitivo real y los servicios digitales esenciales.
Por ultimo, el conocido “tarifazo”, reciente aumento drástico de los precios de los datos móviles y servicios de telecomunicaciones en Cuba, impuesto por ETECSA, que ha hecho aún más inaccesible el acceso a internet para la mayoría de la población, no solo encarece el internet, sino que limita las recargas en pesos, empujando a los usuarios a depender de envíos desde el exterior. Esa misma estrategia fue cuestionada por estudiantes universitarios, que desde inicios de junio protestan en docenas de facultades exigiendo el cese inmediato del aumento de tarifas de datos móviles, calificado por algunos como «apartheid digital», y advirtiendo que las restricciones favorecen únicamente a quienes tienen acceso a divisas.
